El incendio dejó cuatro salvadoreños fallecidos confirmados. El Gobierno del Presidente Bukele ha estado proporcionando el apoyo desde que trascendió la noticia.
Las autoridades del Gobierno de México aún tienen pendiente de anunciar qué medidas implementarán para sancionar a los empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) que dejaron a un numeroso grupo de migrantes a merced del fuego.
“El Salvador exige una condena ante este crimen, que lo cataloga como un crimen de Estado”, dijo la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana en Cancillería, Cindy Mariella Portal.
El 27 de marzo, un grupo de 40 personas quedó atrapada en el fuego en un centro de detención ubicado en Ciudad Juárez, México. La Cancillería salvadoreña informó de cuatro salvadoreños gravemente lesionados, mientras que el INAMI proporcionó una lista de cinco lesionados y siete fallecidos. El Gobierno salvadoreño no ha confirmado esa lista del instituto mexicano.
“Tenemos la suficiente base moral para exigir justicia ante esta masacre”, reiteró la ministra Portal.
El Gobierno del Presidente Bukele actuó con rapidez cuando se conoció la noticia, incluso cuando las autoridades mexicanas informaron varias horas después. “Somos el único país en Latinoamérica que cuenta con un consulado general acá, donde se dio cuenta por medio de las redes sociales y no por una información oficial”, lamentó la funcionaria.
Para los salvadoreños que deseen más información sobre el seguimiento a este caso pueden comunicarse con los números (503) 7070-1298, (503) 7070-1280 y (503) 7070-1114, proporcionados por Cancillería.
