Representantes del Estado salvadoreño desvirtuaron las acusaciones de organizaciones de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las supuestas vulneraciones que se han tenido con el Plan Control Territorial.
Andrés Guzmán, comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, destacó los logros de El Salvador para salvaguardar los derechos humanos de la población que estaban amenazados por las pandillas. Además, recordó que desde 2019 se ataca de raíz a la delincuencia, con reformas a la ley judicial para combatir las desapariciones forzadas
El comisionado manifestó que es falso que las desapariciones forzadas continúen durante el régimen de excepción, resaltando que en lo que va de 2023 la Fiscalía General de la República (FGR) no registra denuncias por desapariciones forzadas.
Guzmán señaló que las acusaciones contra el gobierno de violación de derechos humanos provienen de sectores que tienen intereses electorales, debido a la coyuntura política que se tiene actualmente en el país.
En tanto el procurador general de la República, René Escobar, explicó que se brinda una asistencia oportuna a los detenidos y que se cuentan con mecanismos de información para que sus familiares tengan una actualización constante sobre el estado del proceso judicial y su ubicación.
Según datos de la Procuraduría General de la República (PGR) se han brindado 43 mil asistencias a familiares de privados de libertad. Además, señaló que la PGR ahora está recibiendo denuncias de personas que estaban coaccionadas por delincuentes, aseguró Escobar.
Escobar señala que cuando se piden casos puntuales de denuncias de violación de derechos humanos no se presenta la información y solo se deja en especulación.
