Esta tarde el tribunal colegiado del Cuarto de Sentencia de San Salvador, condenó a 22 años de cárcel para Roberto Carlos Silva Pereira, acusado de los delitos de cohecho activo y por lavado de dinero y activos.
Los jueces también ordenaron que Silva Pereira debe pagar 17.7 millones de dólares al Estado en concepto de responsabilidad civil.
Se explicó que entre el 2004 y el 2006, Silva Pereira creó empresas para ganar de forma ilegal licitaciones públicas en diferentes alcaldías, principalmente las que estaban ubicadas en el oriente del país.
Por este motivo el presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, aplaudió la condena del exparlamentario, que también es ligado con estructuras de narcotráfico y con el asesinato de tres diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) del partido ARENA y el chofer de estos, hecho ocurrido en 19 de febrero de 2007 en territorio guatemalteco.
Las autoridades de Guatemala también reclaman a Carlos Roberto Silva Pereira, para que responda por el homicidio de los diputados Eduardo d’Aubuisson, William Rizziery Pichinte y José Ramón González, quienes fueron asesinados y calcinados junto a su motorista, Gerardo Napoleón Ramírez, en la finca La Concha, Villa Canales, de Guatemala.
Según las investigaciones que ha realizado el Ministerio Público del vecino país, señalan que Silva Pereira es el autor intelectual del asesinato de los diputados salvadoreños y su chofer. Según la tesis de la fiscalía, el exdiputado del PCN se coordinó con el exdiputado Manuel Castillo para planear el homicidio.
Manuel Castillo conocido como “Manolillo” fue ultimado el 15 de diciembre de 2019, en la cárcel “El Pavón” de Guatemala donde purgaba una condena de 203 años. Recibió un disparo en la cabeza.
Se presume que los asesinatos se dieron porque los salvadoreños transportaban una gran suma de dólares, otra versión indica que se trató de un tumbe de droga.
Por este caso también fueron capturados los investigadores de la Policía Nacional Civil Luis Arturo Herrera, José López Arreaga, José Adolfo Gutiérrez y Marvin Escobar Méndez. En enero de 2008 se emitió la orden de detención de Castillo Medrano, quién huyó al enterarse y se escondió por ocho meses en la aldea Matilisguate, Jutiapa.
Los cuatro efectivos policiales también fueron asesinados por un comando de hombres armados en la cárcel de máxima seguridad de Cuilapa en la que estaban detenidos.
