El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, afirmó que el presidente Nayib Bukele hizo uso de su derecho a la verdad y al acceso a la información al dar a conocer las intenciones de Jean Manes, exencargada de negocios de los Estados Unidos, de querer influir para que dejaran en libertad al exalcalde Ernesto Muyshondt, el principal financista de las pandillas durante la campaña electoral presidencial de 2014.
Argueta le recordó a la exencargada de negocios Jean Manes que hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que resolvió que los pandilleros, apologistas, financistas y otros vinculados a estos grupos son considerados terroristas, por lo que el gobierno salvadoreño no puede liberar a una persona bajo esa premisa legal.
Otra de las peticiones de Manes fue que no se realizara ningún proceso legal en contra del expresidente Alfredo Cristiani, uno de los señalados en la masacre de los sacerdotes Jesuitas y dos colaboradoras. Argueta dijo que Cristiani está relacionado a este hecho en un proceso legal un tribunal de la audiencia española.
Además, destacó el funcionario que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la ONU, establecen que ningún Estado puede aplicar medidas económicas para obligar a otro país para que deje de hacer alguna acción, refiriéndose a los señalamientos de Estados Unidos a los miembros del gabinete del gobierno salvadoreño.
