Desde la implementación de las 11 medidas para reducir la inflación, la Defensoría del Consumidor ha requerido información a más de 100 empresas por variaciones en los precios de diversos productos, informó el presidente Ricardo Salazar.
La labor encomendada a la institución es que vigile que no existan abusos en contra de los consumidores, así como proteger la economía familiar.
Salazar explicó que, desde el 11 de marzo, día en el que se anunciaron las medidas, han realizado más 6,300 verificaciones a diversos establecimientos a nivel nacional, así como unos 90 mil registros de precios.
Como resultado de las inspecciones se ha constatado que “el registro de hasta un 65 % de precios que muestra una estabilidad. Algunos productos inclusive reportan reducciones”, añadió.
En los casos que han detectado aumentos, la Defensoría ha solicitado información a unas 100 empresas para que expliquen por qué han aumentado el precio y en caso no justifiquen se les iniciará un procedimiento sancionador.
En esa instancia ya se encuentran ocho procesos abiertos ante el Tribunal Sancionador, que podrían enfrentar duras sanciones económicas.
“Tenemos ocho procesos que se han presentado ante el Tribunal Sancionador. Estos pueden llevar multas de hasta 500 salarios mínimos, ya sea por prácticas abusivas de incremento injustificado de precios”, indicó
