Las recientes reformas a la Ley de Protección al Consumidor (LPC) permitirán a la Defensoría del Consumidor detener los abusos de los proveedores inmobiliarios e imponerles multas de hasta 500 salarios mínimos, destacó el presidente de la institución, Ricardo Salazar.
El jueves los diputados de la Asamblea Legislativa emitieron un dictamen favorable con reformas a los artículos 18 y 99 de la LPC, cuestión que fortalece la protección de la Defensoría a los salvadoreños.
Las reformas prohíben, por ejemplo, que una persona no pueda ser amenazada por parte de proveedor de servicios inmobiliarios a desalojo en casos de mora o atrasos en el pago de cuotas.
“Nos va a permitir actuar en una instancia administrativa, es importante porque la controversia se puede solucionar (…) al establecer una negociación podemos llevar a un acuerdo para que el consumidor pueda cumplir su compromiso”, indicó Salazar.
Cuando la ley entre en vigencia, después de su aprobación en la Asamblea y que tenga el aval del presidente Nayib Bukele, las inmobiliarias que amenacen con desalojo serán multadas con 500 salarios mínimos. “Esto evitará prácticas abusivas en contra de nuestra población”, agregó.
La Defensoría reporta la recuperación de $17.2 millones a favor de más de 5,200 familias en casos de abusos por parte de agentes inmobiliarios.
