La Defensoría del Pueblo, una gremial de abogados de El Salvador, ha confirmado que la decisión del presidente Nayib Bukele de competir por la reelección está fundamentada en la Constitución de la República y en una resolución de la Sala de la Constitucional.
Los abogados explicaron que la carta magna actual, la que se decretó en 1983, otorga a un mandatario el derecho a competir por un nuevo periodo en la Presidencia de El Salvador, por lo que la decisión de Bukele es legal.
«Como abogados estamos claros que su postulación a un segundo período tiene todo el respaldo legal, y cuenta con legitimidad popular (…) desde que se promulgó la Constitución de 1983 se habilitó el segundo período», indicó el representante Sergio Peñate.
Los profesionales del derecho aclararon que la habilitación para la reelección no significa que sea de forma automática; es decir, el pueblo como soberano será el que decida. «Es el pueblo el que decidirá sí se reelige al ciudadano presidente», agregó Peñate.
Sobre el texto del artículo 152 de la Constitución, la gremial explicó que al referirse al periodo inmediato anterior se refiere, en este caso, al de Salvador Sánchez Cerén.
«La Sala aclara que el período inmediato anterior es el de Salvador Sánchez Cerén (…) el presidente Nayib Bukele no ejerció el poder en ese período (2014-2019)», señaló el profesional.
