La Defensoría del Consumidor este sábado realizó un operativo a nivel nacional para investigar denuncias por posible incremento injustificado de precios del frijol, por lo que se anuncian severas sanciones económicas a los infractores.
Las investigaciones se realizan a importadores y comercializadores de granos básicos a nivel nacional, para evitar especulaciones que puedan desencadenar en incremento de precio del frijol.
“El Gobierno no va a tolerar abusos en contra de la población. Actuaremos con rigor contra agentes económicos que aprovechen la estacionalidad y condiciones climáticas para especular o incrementar abusivamente precios, o retener producto”, aseguró el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
“Con esta investigación buscamos evitar especulación y acaparamiento de granos básicos, principalmente, frijol y maíz. Con este fin, en el operativo intervienen también auditores del ministerio de Hacienda y agentes auxiliares de la Fiscalía General de la República”, agregó el funcionario.
Esa línea, Ricardo Salazar, dijo que a los proveedores se les requirió información sobre inventarios, precios, y comprobantes de compras y ventas, para identificar o descartar prácticas abusivas como alza injustificada de precios.
“Hago un llamado a la población a denunciar cualquier indicio de aumento abrupto de precios, a través del teléfono 910 o del WhatsApp 7844-1482. El Gobierno del presidente Nayib Bukele no tolerará abusos en contra de la población”, insistió.
“De comprobarse la práctica abusiva de la utilización de maniobras o artificios para aumentar injustificadamente precios de alimentos, artículos de primera necesidad, se le va a aplicar el artículo 18, literal h, de la Ley de Protección al Consumidor y el hallazgo será denunciado ante el Tribunal Sancionador”, afirmó Salazar.
Se dijo que los agentes económicos que sean sorprendidos realizando maniobras o artificios para incrementar injustificadamente precios de los productos esenciales, serán sancionados con multas sin perjuicio de la acción penal que podrá iniciarse con apoyo de la Fiscalía General de la República.
