Una serie de controles vehiculares desarrollan elementos de la Fuerza Armada en la ciudad de Santa Ana para dar con los responsables de la estructura criminal vinculada con el asesinato de tres miembros de la Policía Nacional Civil.
Los controles se aplican a los vehículos particulares y unidades del transporte colectivo.
La institución castrense colabora con los planes de seguridad del gobierno como parte de las acciones del Plan Control Territorial y del régimen de excepción.
En este caso, las instituciones de seguridad intensificaron los operativos y controles para identificar a los miembros activos de una facción de la pandilla 18 por el asesinato de los miembros de la PNC.
