El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, dijo esta mañana que los comerciantes que aumenten deliberadamente los precios a los productos de consumo se podrían enfrentar no solo a las sanciones establecidas en la Ley de Protección del Consumidor sino también de tipo penal.
Salazar explicó que los comerciantes inescrupulosos pueden caer en el delito de Propalación Falsa lo que implica pena de prisión de seis meses a un año, además de una pena pecuniaria de entre 30 y 50 días multa. “En el Código Penal también existen algunos hechos delictivos que pueden ser aplicados al mercado, como es el tema de la Propalación Falsa, que establece que quien propalare hechos falsos o usare cualquier tipo de maniobra o artificio para conseguir el alza de los precios de los alimentos».
Agregó el funcionario que la Defensoría del Consumidor está recolectando toda la información y documentación necesaria para establecer si se ha cometido este delito contra la población. «Estamos evaluando una serie de situaciones que se puedan configurar para enviar a la Fiscalía General de la República”, manifestó.
Por eso mismo, Salazar llamó a los comerciantes a mantener prácticas económicas enmarcadas dentro de las leyes y respetando a los consumidores evitando acciones oportunistas en detrimento de la población. “El llamado es a realizar todo tipo de prácticas respetuosas de los derechos de todos los consumidores y llevar al día la documentación porque es información que la Dirección de Protección al Consumidor solicita a los comerciantes”, para constatar que los precios están justificados.
Respecto al abastecimiento de productos para contrarrestar los problemas generados por la crisis política en Guatemala, Salazar dijo que se están buscando diferentes alternativas para garantizar a la población el abastecimiento de productos a precios aceptables.
“La búsqueda de otros proveedores a nivel nacional es una apuesta importante, también se están haciendo los contactos en los países de la región con cámaras (de productores)”, para sustituir la producción agrícola de Guatemala, cuyo ingreso al país se ha visto afectado por los problemas en el país vecino.
Salazar señaló que desabastecimiento no hay, pero sí se han enfrentado problemas en tiempo de traslado y trasporte de productos, lo que genera impactos que esa institución está buscando atenuar en beneficio de los consumidores.
