La audiencia en el caso tregua sigue revelando escalofriantes datos del pacto que hizo el gobierno de Mauricio Funes con los pandilleros, únicamente para obtener poder.
Entre las negociaciones el gobierno ofreció múltiples beneficios a los pandilleros a cambio de un favor electoral, entre ellos tener libre acceso a los centros penales.
El testigo Noé reveló que en el 2010 se rompió el pacto, debido a que el gobierno no quiso liberar a varios cabecillas de Zacatecoluca.
Esto llevó a una segunda negociación en 2012, en la a que hubo al menos cinco reuniones, donde los pandilleros pedían que no se hicieran requisas en los Centros Penales.
